A estas alturas no cabe duda que para mejorar el transporte público en Santiago no basta con seguir agregando buses y extender uno que otro recorrido.
Es necesario eliminar transbordos innecesarios que alargan los viajes, que obligan a esperar en paraderos incómodos y que hacen todavía más incierto el tiempo que el usuario se demora en llegar a su casa o al trabajo. Es necesario que existan recorridos directos desde los hogares a los centros de servicios como hospitales, en lugar de tener que dar una larga vuelta porque a alguien se le ocurrió que los buses que pasa cerca de su casa no pueden cruzar hasta donde está el hospital. Es necesario que los buses vayan donde los usuarios y no que los usuarios tengan que caminar más de cinco cuadras hasta donde se le ocurrió a alguien que debía pasar el bus. Es necesario que los buses pasen de a uno cada cinco o diez minutos en lugar de apiñarse todos y que luego no pase ninguno por media hora. Es necesario que la carga de la tarjeta Bip!, su posterior validación y la consulta del saldo tarjeta Bip! sea remota. Para que esos cambios sean posibles en forma rápida, el principal obstáculo son los contratos actuales.
Estos contratos aseguran a los operadores que van a ganar plata sin importar que existan transbordos inútiles, que haya que dar largas vueltas para un viaje corto o que los buses anden todos juntos. La mayor preocupación que había cuando se redactaron los contratos fue que existieran empresarios interesados en participar en la licitación. Para eso se entregaron toda clase de garantías y casi ninguna exigencia. Se ofreció un negocio seguro.
Hasta el momento, el Gobierno ha optado por negociar de a pedacitos con los operadores para que vayan haciendo algunos cambios necesarios. El problema es que el Gobierno tiene apuro por arreglar el desastre, en cambio los operadores están tranquilos porque están ganado plata. Cuando los dos negocian, el Gobierno necesita cambios rápido, mientras los operadores pueden esperar cómodamente hasta que les concedan lo que piden a cambio. Además, basta que un operador se oponga para que el acuerdo fracase.
En la primera ronda de negociaciones, el 2007, el gobierno pedía especialmente no pagarles a los operadores por los buses que no sacaban a la calle. Esa negociación demoró unos seis meses. Y eso, que por cada mes que pasa, el Estado tiene que poner más de treinta millones de dólares en subsidios para que sobreviva el sistema.
Si se mantiene la estrategia del Gobierno, va a pasar mucho tiempo para que se realicen los arreglos mínimos del sistema, y mientras tanto los operadores van a seguir teniendo utilidades por prestar un mal servicio y el Estado va a seguir pagando enormes subsidios. Y esto no tiene para cuando acabar porque los contratos más largos podrían durar hasta el 2026.
La única forma de tomar las medidas que se necesitan para lograr una rápida mejoría del transporte público es terminar con las amarras que significan los contratos actuales. Para ello es necesario poner fin a todas las disposiciones contractuales que establecen reglas sobre las condiciones de operación, y sustituirlas por una fórmula de pago compensatorio. Esto se puede realizar por una negociación o una expropiación.
En realidad, la única forma en que se puede negociar en forma conveniente es que el Gobierno cuente con un procedimiento claro para expropiar los contratos y al mismo tiempo asegurar la continuidad del servicio. Si no, va a estar amarrado frente a las exigencias de los operadores.
El riesgo de paralizar el transporte público no es tal, porque actualmente el sistema se sostiene sólo por los millones de dólares mensuales de subsidio. Mientras el Estado pague, los operadores no querrán arriesgarse a perder plata dejando de circular.
Tenemos que terminar de una vez con la situación absurda que el Estado pague subsidios por un servicio que no es el que necesita la población. Si paga, que reciba algo que sirva. El que pone la plata debería poner la música.
